En el Consejo Superior de Educación cayó como balde de agua fría la publicación que develó el grave conflicto de interés de algunos de sus miembros que terminaron con altos puestos en la casa de estudios acreditada por ellos mismos. El escenario es aún más complejo para cuando empiecen a operar las gencias acreditadoras, instancias privadas que están ad portas de iniciar el proceso de acreditación de miles de programas.
Claudia Urquieta Chavarría
21 de Julio de 2008
Fuente: El Mostrador
A la educación le llueve sobre mojado. Y a estas alturas no es una simple metáfora, ya que al “jarrazo” recibido por la ministra Mónica Jiménez se suma el balde de agua fría experimentado por el sistema de acreditación que, varias veces cuestionado, sufrió un duro revés luego de que se hiciera público el conflicto de intereses tras la acreditación de la Universidad de Las Américas denunciado por La Nación Domingo.
Y no es para menos. Mal que mal la luz verde entregada a la casa de estudios por la renunciada vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (CSE), Paulina Dittborn que luego fue anunciada como la próxima rectora del plantel educacional, y del ex jefe de la división de educación del Minsal, Julio Castro, que hoy es el asesor educacional de la red de instituciones académicas, plantearon más de una alerta en torno al funcionamiento de las instancias acreditadoras.
No es la primera vez que algo no huele bien en el sistema liderado por el CSE y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este medio ya había detallado otras situaciones que dejaban en duda las motivaciones que movían las opiniones y los votos en contra o a favor de acreditar un centro de educación superior.
Al respecto, el académico Juan Eduardo García Huidobro considera “poco presentable” este tipo de situaciones y asegura que “aunque no hay nada ilegal, el hecho le quita confiabilidad al sistema”.
En tanto, el columnista Juan Guillermo Tejeda señala que esto “es un indicio de cómo marchan las cosas en el sistema educacional chileno. El baile de nombres con un pie en organismos públicos y el otro en empresas privadas y además la manito o la nariz en alguna trenza política es, a mi juicio, escandaloso. Y sin embargo es difícil remediarlo porque hay muchos aspectos de inhabilitación que no están reglados en la actualidad”.
En el caso del CSE, que es un organismo público autónomo creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990, no hay una normativa interna que inhabilite a sus miembros a participar en las instituciones de educación que son objeto de procesos de acreditación. Potencialmente podrían estar regidos por la Ley de Bases de la Administración del Estado, que da una moratoria de seis meses para funcionarios públicos y autoridades fiscalizadoras para desempeñarse en alguna institución fiscalizada. Pero, según fuentes ligadas al sistema de acreditación “los alcances de esa norma aún necesitan ser precisados, ya que es bastante interpretativo”.
En vista de esto, el presidente la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Manuel Monsalve (PS) impulsa una moción junto a otros parlamentarios, que prohíbe durante dos años a los miembros que dejan el cargo en el CSE integrarse a las filas de instituciones que hayan participado en procesos de acreditación. Y en el caso de la CNA, que surge a partir de de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada en octubre de 2006, se propone ampliar la incompatibilidad que establece el artículo 7º de dicha ley, de seis meses a dos años.
Y además, la comisión acordó citar para el próximo 29 de julio al presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, y al representante del CSE para que den cuenta del proceso de acreditación de la Universidad de las Américas, para aclarar por qué la CNA por unanimidad rechazó la acreditación y luego el CSE por unanimidad se la entregó. En todo caso, según fuentes ligadas al caso, “no hay espacio legal para revocar la acreditación a la Universidad de las Américas”.
Para Monsalve, más allá de lo que suceda con el caso puntual de dicha casa de estudios,“está en cuestionamiento la transparencia de los procesos de acreditación”.
Y agrega que “tomando en cuenta la masificación de las universidades en los últimos 10 años, que ya cuenta con unos 700 mil alumnos, de los cuales 200 mil están en instituciones no acreditadas, la CNA y el CSE van a jugar un rol muy importante al garantizar la calidad de estos estudiantes y es fundamental que no quede la duda de que existen otro tipo de intereses”.
Desde el CSE, anuncian que están realizando una investigación interna sobre lo sucedido, y que en los próximos días se pronunciarán oficialmente sobre el tema.
Las Agencias Acreditadoras entran al ruedo
Otro papel crucial en la educación superior lo tendrán las agencias acreditadoras, actualmente en proceso de aprobación por parte de la CNA, que hasta el momento ha dado el visto bueno a tres de las cinco inscritas.
El rol que jugarán estas entidades privadas, será el de acreditar carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, magíster y especialidades en el área de la salud.
Para García Huidobro el panorama es complejo, porque “tendremos cientos o miles de acreditaciones y somos un país chico donde el sistema académico es muy reducido. Por eso, tendrá que hacerse un código de inhabilidades más explícito”.
De hecho, según explica el abogado de la Universidad de Chile Eric Palma, el reglamento aprobado por la CNA respecto de las agencias señala que “las agencias, sus propietarios, socios o miembros directivos no podrán prestar, por un lapso de veinticuatro meses, a lo menos, servicios de consultoría o asesoría a las instituciones de educación superior en las que hubieren, estén o vayan a desarrollar procesos de acreditación”.
Pero no queda claro cómo se garantizará que no haya conflictos de interés, ya que para muchos no es coherente que las agencias sean pagadas por las mismas instituciones que deben acreditar. O que miembros de los planteles puedan actuar a favor de su propia casa de estudios o desfavorecer a la competencia. Otro punto que preocupa, es que no existan restricciones sobre quienes las integran, ya que incluso en la Agencia Akredita QA, se encuentra el diputado Maximiano Errázuriz (RN).
Para Monsalve “no está en cuestión la ética de nadie, sino cómo la institucionalidad da garantías a la ciudadanía de que los procesos que van a garantizar calidad de los centros de estudio apunten a eso y no la protección de otros intereses”.
Y recuerda que el tema de la acreditación fue ampliamente abordado por el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, que concluyó que es necesario revisar el sistema “a fin de asegurar la imparcialidad de las agencias que en él participen, eludir los conflictos de intereses, verificar los criterios que se aplican, examinar los procedimientos y modalidades para la fijación de tarifas y asegurar la publicidad de sus deliberaciones y fomentar la inclusión de todas las instituciones en el sistema”. Agregando que “la propia Comisión Nacional de Acreditación debiera reglar los conflictos de intereses de sus miembros y las consecuencias a ellos asociados, todo ello sin perjuicio de que la ley mejore y haga más rigurosas las actuales causales de inhabilidad para ser miembro de él”.
El conflicto público-privado
Que las agencias acreditadoras sean instancias privadas no es lo ideal a ojos de Monsalve, que preferiría una institucionalidad similar a la agencia de aseguramiento de la calidad que regirá a la educación primaria y media, que es una entidad autónoma pero pública. “El objetivo es proteger un bien común y creo que el derecho a una educación de calidad se garantiza más con instituciones de carácter público”.
Opción que para Tejeda es más bien técnica y que depende de la complejidad de cada acreditación.”Lo que importa es el adecuado y firme control público de lo que los privados hacen, y en eso hay en Chile una debilidad evidente. Es esta una falla que atraviesa todo el sistema nacional, hay demasiadas zonas grises entre lo privado y lo público, y no debiera haberlas”, asegura el docente.
Y recalca que en Chile se insiste en llamar “universidades” a entidades “que tienen cero peso académico, y que se dedican exclusivamente al rubro de impartir docencia. Las universidades son otra cosa. Que sean universidades -públicas o privadas- aquellas entidades que se dedican al conocimiento como un todo, en todas sus manifestaciones, incluyendo investigación, estudios multidisciplinarios, publicaciones, extensión, carrera académica, libertad de cátedra, etc. Y que se llamen institutos esos otros espacios donde va uno a sacar un título profesional”.
Información extraida de: http://www.estudiantesusach.info
Como “inocentes, ya que eran ajenos a los desórdenes” fueron declarados un profesor y 7 alumnos de la Umce que resultaron detenidos durante el violento ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros a nuestra casa de estudios el pasado 24 de abril.
